D.n Sergio Sarmiento escribió en am - León (28/10/2024) ♦ De la crisis al caos ♦ E stamos viviendo un tiempo de “máxima confusión”, nos dijo el jurista Diego Valadés a Guadalupe Juárez y a mí en una entrevista radiofónica el 25 de octubre. Es una “crisis constitucional” que “se está intensificando por la confusión en relación con lo que significa la norma suprema. Estamos en crisis, pero vamos al caos”. En su obra La dictadura constitucional en América Latina de 1974 Valadés estudió los casos de países latinoamericanos que en el pasado decretaron estados de excepción. “¿Qué sucede cuando las situaciones de excepción comienzan a tornarse ordinarias?”, se preguntó. A esto respondió: “Resulta en extremo frecuente que en las instituciones de excepción encuentren su apoyo dictaduras confesas que pretenden refugiarse en una aparente constitucionalidad”. Fue el caso de Porfirio Díaz en México. La situación hoy es distinta. El expresidente López Obrador no decretó un estado de excepción, sino que usó la excusa de una necesaria reforma al sistema de justicia para lanzar una iniciativa mal pensada y peor redactada, “Tenemos que hacer una reforma en materia justicia, pero tenemos que hacerla con todos los mexicanos”, dijo Valadés en la entrevista. “El 47 por ciento no tiene voz. Un Tribunal Electoral, que actuó contra la constitución sin duda alguna, solo le adjudicó el 24 por ciento. A partir de ese despropósito se ha desgranado todo lo que estamos viendo”. “La reforma adoptada es inaplicable”. Tiene “tantas contradicciones”, muestra “tal nivel de precipitación”, que al final solo causará un caos. Para comparar, en 2008 se hizo el cambio del sistema inquisitivo al oral acusatorio, pero “se dio un margen de ocho años” para aplicar el nuevo sistema. Ahora, “lo que se ha hecho es de tal manera abrupto”, que será imposible lograr una aplicación sensata de la reforma. “El sistema electoral es imposible de llevarse a cabo”. Todas las partes “están actuando fuera del marco legal”. “Yo no soy de la idea de que se pueda revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales”, dijo, pero el gobierno debe “reconocer lealmente” que “la reforma es inviable”, “que se equivocaron al precipitarse, al adoptar el mayor cambio que se ha hecho en la historia de la Constitución de 1917 y de una manera precipitada, sin diagnóstico, sin debate, sin análisis y sin respeto por la opinión ajena”. “Hagamos, efectivamente, una gran reforma en materia de justicia”, pero hagámosla “entre todos”. Para hacerla “hay que cortar el nudo gordiano en que estamos en este momento, que es el de la intransigencia. Hay que aceptar que la reforma estuvo equivocada, que es mejorable, pero que debemos hacerla con la participación de todas las fuerzas políticas del país y escuchando también a quienes van a aplicar la reforma, que son los propios juzgadores, y escuchando a los más importantes, que somos los justiciables., 130 millones de personas. que queremos, justicia”. El proceso de esta reforma, afirmó Valadés, “el que se siguió de manera precipitada y abrupta en agosto y septiembre pasados, y que desembocó en una norma claramente contradictoria y claramente imposible de aplicar”, fue un gran error. Debemos “ir a una nueva modalidad de deliberación y a una nueva forma de organizar la reforma judicial . Todo lo demás será solo ahondar, y hacer más profundo, el precipicio en el que ya estamos descendiendo”. |
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Altura de miras
Altura de miras
Ana Laura Magaloni escribió ( REFORMA , 07/10/2023): Altura de miras [...] E n un sistema de servicio civil de carrera generalmente no se reducen o eliminan las prestaciones de un plumazo. Además, cabe destacar que Morena también ha anunciado un importante recorte presupuestal al Poder Judicial. ¿Qué impactos específicos va a tener esto en la organización y funcionamiento de la maquinaria judicial? No lo sabemos aún. Sin embargo, lo que sí podemos saber y es una mala noticia es que, a través de la eliminación de los fideicomisos y la reducción presupuestal, se refuerza la percepción política y colectiva de que el Ejecutivo y su partido están decididos a castigar y debilitar a la Suprema Corte en específico y al Poder Judicial federal en su conjunto. Ello tiene un efecto concreto: produce incertidumbre jurídica en el mundo económico y financiero. ¿Es posible o no aplicarles la ley al poder y los poderosos en México? k
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