Sergio Sarmiento escribió (periódico a.m., 02 de junio, 2023): [... ...] Las instituciones de transparencia surgen de la convicción de que la información que se genera en el servicio público no es propiedad de los funcionarios sino de los ciudadanos. Los políticos, por naturaleza, buscan ocultarla; por ello es necesario contar con instituciones que puedan ordenar su difusión, una vez que determinen que no afectan temas de seguridad nacional ni de privacidad personal, que la ley permite mantener en secrecía. Los comisionados del INAI deben también proteger los datos personales, cosa que la tecnología hace cada vez más importante. La responsabilidad es muy distinta a las auditorías de la ASF. En la mayoría de los países con estado de derecho se mantienen instituciones separadas para estas funciones distintas. El presidente, sin embargo, recurre cada vez más a un lenguaje orwelliano. Para él, la opacidad es transparencia, y la mejor forma de combatir la corrupción es esconder la información pública. No solo oculta los datos de sus obras, al designarlas por decreto proyectos de seguridad nacional, sino que busca extinguir el organismo que ha garantizado la transparencia en México desde principios de siglo. El voto de la mayoría oficialista en la Comisión Permanente no solo es un ataque a la transparencia, sino también un acto de abierto desacato a un fallo judicial. El problema no es que los jueces les truenen los dedos a los legisladores, sino que estos pretendan que no están sometidos a las leyes que nos obligan a todos a respetar las decisiones judiciales. ¿Quién paga? Varios funcionarios de la Cancillería han renunciado a sus cargos para unirse a la campaña de Marcelo Ebrard por la Presidencia. Muy bien, pero pregunto: ¿Quién les está pagando el salario? Si la respuesta es "nadie", entonces: ¿Se volvieron todos tan ricos en sus cargos que ya no necesitan trabajar?