D.n Sergio Sarmiento escribió en am - León ( XXX | XII | A.D. MMXXIV ) ♦ Dictaduras progres ♦ L a definición de “progresista” de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy amplia. Como lo declaró el 17 de diciembre, “progresistas” son para ella gobiernos tan distintos como el de Gabriel Boric de Chile o el que “recientemente ganó el Frente Amplio en Uruguay”, el de Yamandú Orsí, que no asumirá la presidencia hasta el 25 de marzo. Entre estos gobiernos progresistas, “con los que tenemos mucho en común”, se cuentan “Venezuela, que tiene su problemática que todos conocemos, y Cuba, evidentemente”. La presidenta, de hecho, se ha comprometido a enviar a un representante a la nueva toma de poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Poco le importa que se haya cometido un abierto fraude en las elecciones del 28 de julio. Las autoridades electorales no han podido presentar las actas que avalarían el supuesto triunfo de Maduro; la oposición, en cambio, ha divulgado copias de la mayoría de las actas que revelan una victoria abrumadora del opositor Edmundo González Urrutia. Si “progresista” significa un gobierno o grupo político que defiende el progreso de la sociedad y la democracia, difícilmente podría el régimen de Maduro ser considerado como tal. Maduro encabeza un gobierno autoritario y represor. No solo cometió un fraude electoral, sino que sofocó con violencia las manifestaciones de rechazo. El propio fiscal general Tarek William Saab reconoció que en las protestas por el resultado oficial de las elecciones murieron 25 personas; cientos más fueron detenidos por cometer el delito de protestar. Cuba va a cumplir este 1 de enero 66 años de una dictadura feroz que ha despojado a los gobernados de derechos económicos, personales y políticos. Los ciudadanos acuden a las urnas periódicamente, como en 2023, pero solo pueden votar por un candidato para cada uno de los 470 escaños de la Asamblea Nacional, cuyos diputados eligen después al presidente. La enorme mayoría de los candidatos son miembros del Partido Comunista; los pocos que no lo son, son seleccionados por el gobierno y avalados por el partido. Por su ineptitud económica el régimen ha provocado un empobrecimiento brutal de la población; culpa a un “bloqueo” estadounidense, sin aclarar que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de alimentos y medicamentos de Cuba. Ni Venezuela ni Cuba tienen gobiernos progresistas, a menos de que se pretenda que progresistas son los regímenes autoritarios que reprimen a la población, violan las garantías individuales y empobrecen a la población. Boric ha señalado que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de avalar el triunfo de Maduro “termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”. En X, una plataforma prohibida por Maduro, advirtió que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”. Progresista, liberal y, sobre todo, valiente, ha sido la mujer que ha encabezado la oposición venezolana en los últimos años. En una entrevista de 2011, cuando acababa de ser electa diputada, María Corina Machado declaró: “Creo en una sociedad donde debe haber seguridad y trabajo digno para todos. ¿Eso es progresista? Soy progresista. Creo en una sociedad en la que los mecanismos del mercado generen competencia y oferta diversa, y donde haya incentivos al trabajo, al talento. Si eso es liberal, entonces soy liberal”. A ella, sin embargo, Sheinbaum nunca la reconocerá como progresista. |
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Altura de miras
Altura de miras
Ana Laura Magaloni escribió ( REFORMA , 07/10/2023): Altura de miras [...] E n un sistema de servicio civil de carrera generalmente no se reducen o eliminan las prestaciones de un plumazo. Además, cabe destacar que Morena también ha anunciado un importante recorte presupuestal al Poder Judicial. ¿Qué impactos específicos va a tener esto en la organización y funcionamiento de la maquinaria judicial? No lo sabemos aún. Sin embargo, lo que sí podemos saber y es una mala noticia es que, a través de la eliminación de los fideicomisos y la reducción presupuestal, se refuerza la percepción política y colectiva de que el Ejecutivo y su partido están decididos a castigar y debilitar a la Suprema Corte en específico y al Poder Judicial federal en su conjunto. Ello tiene un efecto concreto: produce incertidumbre jurídica en el mundo económico y financiero. ¿Es posible o no aplicarles la ley al poder y los poderosos en México? k
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