A animadversión del Presidente al Poder Judicial es cada vez más evidente. En su quinto informe de gobierno, este 1o. de septiembre, reiteró que enviará una iniciativa de reforma constitucional para "limpiar el Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos". El propósito es lograr que jueces, magistrados y ministros fallen de conformidad con sus deseos. Su propósito es acabar con la independencia del Poder Judicial.
Los gobernados tenemos razones para sentirnos inquietos. El Presidente ha logrado un poder enorme, no solo por haber sido electo para su cargo con 53 por ciento de los votos, sino por haber conseguido mayorías absolutas en las dos Cámaras del Congreso, que le han permitido impulsar una agenda legislativa imposible para sus predecesores desde que el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados en 1997. Si AMLO consigue además el control del Poder Judicial, estaríamos de regreso en un régimen de partido hegemónico.
La función de los jueces no es obedecer las instrucciones del Presidente o de las fiscalías. Un gobernador de la Cuarta Transformación, Cuitláhuac García de Veracruz, ha llegado al extremo de encarcelar a una juez, Angélica Sánchez de Cosamaloapan, por el delito de dictar una liberación con la que él estaba en desacuerdo.
Todos podemos discrepar de los fallos de los tribunales, pero la letanía contra los jueces que ayer ofreció el general Rodríguez Bucio no tenía más argumentos que el que estos son contrarios a los deseos del gobierno. Pero un gobierno que pretende dictar las sentencias a los jueces deja de ser democrático y se convierte en una dictadura.
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